divendres, 17 de maig del 2013

Familias y docentes piden recursos para implantar la jornada continua


La Consejería de Educación decidió ayer permitir la implantación de este tipo de horario escolar, de “ manera experimental, en un máximo de nueve centros”, tres por provincia.
 Educación hizo el anuncio horas después de mantener una reunión oficiosa, no una negociación formal, con las grandes confederaciones de padres y madres de alumnos y los sindicatos docentes. La consejería había presentado una “guía para solicitar la jornada continuada” que ponía la pelota en el tejado de los interlocutores sociales y la vinculaba a los contratos programa de los centros; pero todos rechazaron este vínculo. La mayoría aceptó la contrapropuesta de Educación de vincular la jornada intensiva a un futuro decreto de Autonomía de Centros, aunque el STEPV lo consideró “una nueva manipulación” de la consejería, para demorar e “impedir la aplicación de la jornada el curso que viene”.
La Confederación Gonzalo Anaya, mayoritaria en las ampas de la escuela pública, se oponía a que se aplicara la jornada continuada el próximo curso y solicitó que se aplazara el debate. Todos coinciden, en cualquier caso, en reclamar un nuevo marco legal sobre la jornada escolar, lo que aplaza su aplicación al curso 2014-15.
Esta confederación aceptaría “de manera excepcional” la jornada continua si es apoyada “por amplia mayoría de las familias previa encuesta” en cada centro. Aunque la guía de la consejería establece como condición para el nuevo horario el mantenimiento del comedor y actividades en el centro hasta las cinco de la tarde, sin costes para la Administración ni para las familias, éstas quieren garantías de que será así.
La mayoría coincide en que estas garantías pasan por una inyección de recursos sobre la que dirigen la mirada a la Administración. 
La consejera de Educación, María José Català, insistió por la mañana en que la jornada continuada se implantará solo “si los padres están de acuerdo”. Por la tarde, la consejería anunció la creación de dos mesas de trabajo, una de padres y otra de sindicatos, para unificar criterios y buscar consensos en el marco “de la redacción del Decreto de Autonomía de los centros”.